La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dio la semana pasada algunas pistas importantes sobre las principales causas que agravan el problema de la vivienda en España. Rodríguez reconoció lo que todos los agentes del mercado vienen denunciando desde hace tiempo.

EL PROBLEMA ES LA FALTA DE OFERTA. La ministra asumió por fin que los altos precios de la vivienda y los alquileres, que siguen imparables, son consecuencia de una falta alarmante de oferta en muchas ciudades, que no puede satisfacer la creciente demanda y que acaba convirtiendo un bien de primera necesidad en algo inalcanzable para muchos españoles y no sólo los más vulnerables.

LA EMPRESA PÚBLICA NO ES LA SOLUCIÓN. Lamentablemente, la propuesta del Gobierno de crear una ‘gran empresa pública’ de vivienda no va a ser la solución, entre otras cosas porque es más una medida destinada a satisfacer ideológicamente a unos socios que lo único que pretenden es intervenir el mercado que una herramienta eficaz.

MEDIDAS CONTRAPRODUCENTES. Las medidas que el Gobierno y sus socios han venido poniendo en marcha hasta ahora se han demostrado contraproducentes. Perseguir a los inversores o a los propietarios poniendo límites fuera del mercado a los precios de los alquileres o penalizaciones en las condiciones de contratación lo único que ha supuesto es agravar el problema, al hacer que haya en el mercado muchas menos viviendas. Allá donde lo ha intentado se ha demostrado que el Estado es incapaz de crear esa mayor oferta porque no dispone ni de los recursos presupuestarios, ni de la agilidad, ni de la capacidad técnica.

¿QUÉ HACER? En primer lugar, España necesita sacar en el menor tiempo posible suelo al mercado para que esas viviendas se construyan. Y ahí las Administraciones tienen la responsabilidad de poner en marcha la regulación que permita agilizar los plazos. En segundo lugar es preciso que todos los actores del mercado cuenten con la seguridad jurídica necesaria que permita que la oferta empiece a crecer a buen ritmo. Y eso exige además garantías de que ese marco jurídico no les va a obstaculizar a la hora de
trasladar sus costes y obtener unos retornos razonables.

UN PACTO DE ESTADO. El problema de la vivienda se ha enquistado de tal manera que solucionarlo va a llevar bastantes años. Eso exigiría no solo la colaboración público privada sino un pacto de Estado entre los dos grandes partidos para crear un marco que tenga continuidad en el tiempo.


FUENTE: Expansión